Este 10 de septiembre, fecha en que se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, Argentina enfrenta un panorama particularmente adverso. En 2025 se registraron 5.209 suicidios, un incremento del 22,6% respecto al año anterior y la cifra más alta de la última década. La tasa nacional trepó a 11,8 por cada 100.000 habitantes, cuando en 2020 era de 7,8. Hoy el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte violenta en el país, por delante de los homicidios y los accidentes de tránsito.
El fenómeno no se distribuye de manera uniforme: Entre Ríos, San Luis, Salta y Santa Cruz presentan las tasas más elevadas, mientras que la provincia de Buenos Aires concentra más de un tercio de los casos en números absolutos. El perfil de las víctimas es contundente: casi el 78% son varones, especialmente en la franja de edad de 18 a 34 años, grupo que ha superado en los últimos años al de adolescentes de 15 a 19.
El aumento exponencial de los casos coincide con un desplome de la inversión pública. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el gasto ejecutado en salud mental cayó un 42% entre 2023 y 2025, y este año se proyecta destinar apenas el 1,42% del presupuesto sanitario al sector, muy lejos del 10% que exige la Ley Nacional de Salud Mental. El programa encargado de aplicar esa normativa sufrió un recorte del 98%, y el Hospital Nacional Laura Bonaparte, referencia en la materia, también perdió personal y recursos tras su intervención. Las señales de alarma son claras: el país registra más muertes y cuenta con menos herramientas para prevenirlas.