Al cumplirse 212 años de su constitución formal como provincia, Corrientes vuelve a poner sobre la mesa una tensión que recorre toda su historia: la disputa entre su autonomía y las decisiones que se toman desde el poder central. La caída de recursos nacionales, el retiro de fondos, las obras paralizadas y el ajuste en áreas sensibles como salud y educación reavivan hoy un enfrentamiento que comenzó el mismo día en que nació la provincia.
El 10 de septiembre de 1814, mediante decreto firmado por Gervasio Antonio de Posadas, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Corrientes dejó de ser una jurisdicción subordinada a Buenos Aires y fue constituida formalmente como provincia. Pero la resistencia ya había comenzado meses antes: en marzo de ese año, el Cabildo correntino depuso al teniente gobernador designado por el poder central y eligió a Juan Bautista Méndez; el 20 de abril, además, declaró su independencia bajo un sistema federativo y reconoció a José Gervasio Artigas como Protector de los Pueblos Libres.
Desde entonces, dos proyectos contrapuestos marcaron el destino nacional: el centralismo porteño, que pretendía concentrar la conducción política y económica en Buenos Aires, y el federalismo artiguista, que defendía la autonomía de las provincias como base de la organización nacional. Corrientes tomó partido por esta segunda alternativa y, más de dos siglos después, el debate permanece vigente. Lo que comenzó por autoridades y límites territoriales se repite hoy en torno a los recursos, las obras públicas, el financiamiento de universidades y la relación entre las provincias y el Gobierno nacional.