La cadena yerbatera de Misiones atraviesa uno de sus momentos más críticos de los últimos años, agudizado tras la desregulación impulsada por el Gobierno nacional. Mediante el DNU 70/2023, se recortaron las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), con lo cual el precio de la hoja verde quedó librado a la negociación directa entre los productores y la industria. Un esquema que los pequeños chacareros califican de profundamente desigual y que hoy los lleva a exigir la sanción de una ley de emergencia que fije un precio mínimo obligatorio.
El malestar se hizo visible durante la visita del presidente Javier Milei a Puerto Iguazú. Mientras el mandatario ratificaba ante empresarios y gobernadores que no habría cambios en el rumbo económico ni devaluación a la vista, cientos de productores yerbateros y tabacaleros llegaron con tractores y camiones desde distintas localidades de la provincia para manifestar su rechazo. Solo desde Andresito se movilizaron más de 180 personas, en una protesta que reflejó la gravedad que vive el sector.
Los números explican el conflicto. A fines de 2023, el kilo de hoja verde se pagaba alrededor de los $210. Hoy ese valor oscila entre **$220 y $300**, según la forma de pago, mientras que los costos de producción —combustible, mano de obra, corresponsabilidad gremial— se multiplicaron varias veces. El resultado es que la actividad ya no cubre sus propios gastos, lo que además está provocando el abandono de tareas esenciales de cuidado en los yerbales, como fertilización y limpieza de las plantaciones. Frente a este escenario, los productores exigen que la Provincia intervenga y establezca un piso de referencia que permita sostener la producción