Mensajes de WhatsApp y audios de voz intercambiados entre dos altas funcionarias del área de regulación de medicamentos dejaron al descubierto una presunta red de complicidad que la fiscalía califica como “manto de cobertura estatal” a favor de los laboratorios involucrados. En uno de los intercambios, una de las funcionarias advierte con claridad: “Una persona que muera es nuestra responsabilidad”. Los textos forman parte de las pruebas de una causa por fentanilo contaminado que causó la muerte de 90 pacientes y dejó secuelas en otros 41.
Los mensajes revelan que las responsables del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y de la ANMAT avisaban previamente a los empresarios farmacéuticos el día y la hora exacta en que se realizarían los controles. La investigación identifica a la entonces directora del INAME, Gabriela Mantecón Fumado, como una de las participantes en los diálogos. La presunta complicidad habría permitido que productos elaborados en Laboratorios Ramallo S.A. y distribuidos por HLB Pharma, de Ariel García, circularan por hospitales de todo el país sin las debidas verificaciones.
La fiscalía califica la relación entre funcionarios y empresarios como un verdadero “maridaje” y una cobertura estatal deliberada. El juez a cargo de la causa debe decidir en los próximos días si procesa a las funcionarias y a los empresarios involucrados por presuntos delitos contra la salud pública, en lo que el dictamen denomina “la trama sanitaria trágica”.