La próxima visita del Papa León XIV aceleró en el Gobierno la decisión de ensayar un giro limitado en su política económica, con el objetivo de reactivar el consumo y los ingresos de la población. Las autoridades temen que el mensaje pontificio impacte de manera negativa ante la falta de resultados visibles en la economía popular, por lo que definieron una nueva estrategia: que las mejoras se noten en el bolsillo de la gente para marzo del año que viene, aunque sin formularlo explícitamente como un cambio de rumbo. Santiago Caputo, asesor presidencial, es quien le da forma a este nuevo relato, mientras que Patricia Bullrich presiona desde el interior del oficialismo para acelerar las modificaciones.
El ajuste se produce en un contexto donde la narrativa económica anterior entró en crisis, y la Casa Rosada terminó por ceder terreno a medidas centradas en la microeconomía. Javier Milei sigue anclado en sus convicciones dogmáticas y considera que su modelo no necesita ningún impulso adicional, pero al menos acepta dejar avanzar estas iniciativas puntuales. El objetivo es generar señales que puedan percibirse en la vida cotidiana antes de que se intensifique la presión social y política.
Un ejemplo concreto de esta nueva línea fue el anuncio del plan de fondeo a bancos para ampliar los créditos hipotecarios, preparado por el ministro de Economía Luis Caputo junto a Santiago Caputo. El discurso que acompañó la medida chocó abiertamente con las posturas públicas del Presidente sobre la justicia social: el funcionario argumentó que facilitar el acceso a la vivienda tiene un efecto multiplicador en toda la economía, ya que quien compra una casa también adquiere muebles, electrodomésticos y otros bienes, impulsando distintos sectores productivos. Un gesto que muchos analistas calificaron como un “keynesianismo light” que se aleja de los postulados originales del libertarismo.