La morosidad bancaria alcanzó cotas sin precedentes en más de dos décadas tras quintuplicarse en el último año y medio, y afecta hoy a cerca de 6 millones de personas. Sin embargo, el Gobierno decidió no implementar medidas de auxilio directo, al considerar que se trata de una relación entre actores privados que no debe resolverse con recursos del Estado. La postura oficial sostiene que destinar fondos públicos generaría un «riesgo moral», premiando tanto a entidades financieras como a deudores por decisiones que no les correspondía tomar.
El Ministerio de Economía y el Banco Central monitorean la evolución del indicador junto a referentes del sector bancario, aunque sin intervenir de forma directa. Se anticipa que la curva de morosidad podría estar llegando a un punto de inflexión, con señales incipientes de estabilización. La estrategia oficial confía en que sean los propios bancos quienes refinancien los pasivos de sus clientes sin mediación estatal, mientras el sistema financiero advierte que los números aún reflejan demoras por exigencias contables.
El debate se instaló como uno de los ejes más sensibles de la agenda económica actual: mientras los datos muestran un endeudamiento creciente y dificultades generalizadas de pago, el Ejecutivo mantiene su postura de no asistir, dejando la resolución del problema enteramente en manos de los acuerdos comerciales entre las partes.