La investigación que sacudió a la Armada Argentina comenzó de manera casi casual. En los primeros días de febrero de 2026, una teniente detectó que cinco agentes del Departamento Revista habían recibido suplementos salariales que no les correspondían. Al momento de la revisión, el responsable del área, el capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff, estaba ausente, al igual que otros superiores; la oficial informó la irregularidad directamente a la Jefatura de Administración Financiera, sin sospechar que aquel hallazgo inicial terminaría exponiendo un mecanismo estructurado de desvío de fondos públicos por cerca de $1.000 millones.
Lo que comenzó como una inconsistencia aislada derivó en una pesquisa que reconstruyó operaciones irregulares realizadas durante más de tres años. Tras formalizar la denuncia penal ante la Justicia Federal el 15 de septiembre, el jefe del Estado Mayor General de la Armada, el almirante Juan Carlos Romay, dispuso al día siguiente apartar de sus funciones a todo el personal militar involucrado y abrió un procedimiento disciplinario por una falta calificada como “gravísima”. El trámite se desarrolla bajo el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas y contempla como sanción máxima la destitución, es decir, la pérdida definitiva del grado y la baja de la institución.
La trama funcionaba aprovechando los intervalos entre el cierre de la liquidación mensual de haberes y el envío definitivo de los archivos al Banco Nación. Mediante modificaciones introducidas después de los controles habituales y antes de la transferencia de los fondos, se asignaban pagos indebidos que luego podían revertirse en los registros internos, dificultando su detección. La maniobra benefició a 23 personas, entre militares y civiles ajenos a la fuerza, y el monto total acreditado de forma irregular asciende a $981.148.567,88. Hasta el momento, apenas una fracción ha sido devuelta.