Buenos Aires – La decisión del Gobierno nacional de despedir a un centenar de trabajadores en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) reactivó las alertas sobre el futuro del sector nuclear argentino. Para especialistas, gremios y trabajadores, esta medida no es aislada, sino que forma parte de un proceso más amplio que incluye la salida de personal altamente calificado, la paralización de proyectos estratégicos y la intención de preparar el terreno para la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), poniendo en riesgo la soberanía energética y el desarrollo científico del país.
Desde su creación hace más de 70 años, la CNEA fue el motor de uno de los avances más importantes de Argentina: dominar todo el ciclo del combustible nuclear, generar electricidad libre de emisiones, desarrollar aplicaciones en medicina nuclear y sostener una investigación de alto nivel. Hoy, ese patrimonio se ve amenazado: según denuncian los sindicatos, ya se perdieron unos 500 puestos de trabajo por despidos directos o renuncias motivadas por la caída de los salarios. A esto se suma una reducción presupuestaria del 45,4 % desde el inicio de la actual gestión, según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación.
Uno de los puntos más críticos es la paralización del proyecto CAREM, la primera central nuclear de diseño totalmente argentino, y la situación de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera Atucha I, Atucha II y Embalse, responsables de cerca del 7 % de la energía eléctrica del país. El ingeniero Nicolás Malinovsky, especialista del sector, advirtió que el Gobierno estaría valuando la empresa en cifras muy inferiores a su valor real, para facilitar su venta. “En lugar de ponerla en valor, la rematan”, afirmó, y calculó que la diferencia podría rondar los 12.000 millones de dólares menos que su costo de reposición, incluyendo la infraestructura y el conocimiento acumulado durante décadas.
Los críticos del proceso señalan que estas decisiones responden más a necesidades fiscales de corto plazo que a una planificación estratégica. La pérdida de profesionales formados durante años es difícil de recuperar, y la privatización, según advierten, podría significar que el país pierda control sobre una fuente de energía estable y sobre tecnologías que representan un activo único para el desarrollo nacional. Por ahora, el sector se mantiene en estado de alerta ante el avance de las medidas que, según dicen, desmantelan un sistema construido con esfuerzo durante más de siete décadas.