El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la causa contra Manuel Adorni deje de tramitar como un presunto caso de enriquecimiento ilícito y sea derivada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria. Según el dictamen al que accedió Infobae, en el expediente no se logró probar que el incremento patrimonial investigado se hubiera originado durante el paso del ex jefe de Gabinete por el Poder Ejecutivo, por lo que no hay elementos suficientes para sostener esa acusación.
La decisión no implica un sobreseimiento. La Fiscalía sostuvo que, si bien la prueba reunida no permite mantener la hipótesis de que Adorni se enriqueció de forma injustificada durante su función pública, persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales habrían permanecido fuera de las declaraciones fiscales durante años. El planteo, formulado en un expediente iniciado por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, deberá ser analizado ahora por el juez de la causa, Ariel Lijo.
La investigación examinó el patrimonio del ex funcionario durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. La Fiscalía había detectado erogaciones por USD 402.578,12 —de las cuales USD 374.081,66 fueron abonados en efectivo—, además de una diferencia de $43.068.549 entre ingresos lícitos comprobados y gastos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos durante el período analizado.
Entre los desembolsos relevados figuraban pagos por la compra de un lote en el Country Indio Cuá, reformas y mobiliario, la escritura de un inmueble en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Según el dictamen, una parte de esas operaciones se efectuó fuera del sistema bancario o mediante terceros, lo que alimenta la sospecha de una posible evasión y mantiene al ex funcionario en la mira de la justicia, aunque bajo un cariz distinto al de la denuncia original.