La infraestructura y la normativa legal nunca son neutrales: la derogación de los límites a la extranjerización de tierras que debate el Senado se presenta como una medida de libertad, pero en realidad busca completar el proceso de entrega de recursos estratégicos ante el capital transnacional. Como advirtió hace décadas Scalabrini Ortiz al analizar los ferrocarriles de propiedad británica, la forma en que se organizan los territorios y las leyes que los rigen definen quién se queda con las riquezas del país.
En aquel entonces, las vías férreas funcionaban como un embudo diseñado para drenar las riquezas nacionales hacia puertos extranjeros. Hoy las necesidades cambiaron: se trata de caminos para la minería, cursos de agua, tendidos de fibra óptica y centros de datos, todos organizados bajo un modelo extractivo pensado desde afuera. Litio, energía e información son los nuevos bienes que se ponen en juego.
La modificación de la Ley de Tierras es la pieza que faltaba para despejar el camino a este esquema. Quien define el uso de la tierra y quién puede ser su dueño, decide también el modelo económico que regirá el futuro de la nación.