Buenos Aires – La brecha entre la evolución de los precios al consumidor y los costos en la cadena productiva se amplió de manera preocupante en abril. Mientras el Gobierno celebró el índice de precios al consumidor (IPC) del 2,6% como una muestra de que la inflación está controlada, los datos oficiales del INDEC revelaron que la inflación mayorista trepó hasta el 5,2%, más del doble de la medición minorista. Este salto encendió nuevas luces de alerta en el ámbito económico, ya que expone que las presiones de costos siguen acumulándose en las empresas, a la espera de ser trasladadas finalmente a los precios que paga la población.
El dato no pasó desapercibido y contradijo el relato oficial sobre una estabilización definitiva. El fuerte incremento se explica principalmente por el aumento en combustibles, energía eléctrica e insumos industriales, rubros que tienen un impacto directo en toda la estructura de producción y comercialización del país. Analistas y sectores productivos advierten que esta diferencia no es sostenible en el tiempo: lo que hoy absorben las compañías reduciendo sus márgenes de ganancia, mañana podría volcarse al mercado y reactivar la suba de precios, profundizando las dificultades que ya atraviesa la actividad económica.
La magnitud del indicador obligó al propio ministro de Economía, Luis Caputo, a salir a dar explicaciones inmediatas en redes sociales. El titular del Palacio de Hacienda buscó desvincular el resultado de las políticas internas y señaló: “El salto estuvo impulsado casi en un 85% por el aumento internacional del petróleo derivado de la guerra en Medio Oriente”. Con este argumento, el funcionario intenta presentar la suba como un fenómeno externo y coyuntural, y no como una falla o consecuencia del modelo económico implementado por la administración de Javier Milei, que ahora enfrenta el desafío de evitar que estos costos terminen por desestabilizar nuevamente el índice general de precios.