Buenos Aires – El impacto del plan de ajuste económico implementado desde el inicio de la gestión de Javier Milei muestra sus cifras más duras en la destrucción de la estructura productiva y laboral del país. Según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 —es decir, en apenas 27 meses— desaparecieron 24.437 empresas en todo el territorio nacional y se perdieron 357.044 puestos de trabajo registrados. Traducido a números diarios, esto significa que cerraron un promedio de 30 compañías por día y se eliminaron 434 empleos formales cada jornada, en un proceso de contracción económica profunda que afecta a todos los sectores.
El análisis detalla que el golpe fue devastador para las actividades que históricamente impulsaron el crecimiento y el trabajo en la Argentina. El sector de la construcción es el más afectado, con la pérdida de 75.238 puestos laborales, lo que representa una caída del 16% en su planta de trabajadores registrados. Le siguen la administración pública, con 56.169 despidos, y la industria manufacturera, que redujo su capacidad en 55.575 empleos. Mientras el oficialismo celebra las medidas de reducción del gasto público y el equilibrio fiscal, estos tres sectores aparecen hoy como los más castigados por la llamada “motosierra” económica, marcando un retroceso en la actividad productiva y en la generación de valor agregado.
Uno de los datos más relevantes y preocupantes del estudio es la identificación de quiénes sufrieron el impacto mayoritario: el 99,71% de las empresas que dejaron de existir son firmas de hasta 500 empleados. Esto confirma que el ajuste golpeó de lleno al entramado de pequeñas y medianas empresas, al comercio barrial, a pequeños transportistas, talleres, constructoras y emprendimientos familiares, que son quienes sostienen la mayor parte del empleo en las localidades del interior y los barrios de las grandes ciudades. Paradójicamente, aunque las pymes fueron las que más cerraron, dos de cada tres puestos de trabajo eliminados provinieron de grandes empresas, lo que demuestra que la contracción alcanzó a todo el espectro empresarial.
El informe concluye que el reordenamiento económico prometido por el Gobierno se tradujo en la práctica en cierre de negocios, despidos masivos y un fuerte avance de la precarización laboral y la informalidad. Mientras se reducen las cuentas fiscales, la economía real muestra un deterioro profundo: menos empresas activas, menos trabajadores con derechos y una estructura productiva más débil que al inicio de la gestión, con consecuencias directas sobre el nivel de actividad y los ingresos de las familias argentinas.