Buenos Aires – La situación económica y social que atraviesan las provincias del Norte Grande volvió al centro del debate parlamentario. La diputada nacional por Formosa, Graciela de la Rosa, integrante del bloque Unión por la Patria, encabezó junto a legisladores de la región la presentación de un proyecto de ley que busca establecer un régimen tarifario eléctrico diferencial y más justo para los habitantes de esta zona del país. La iniciativa surgió tras el trabajo desarrollado en la Comisión de Presupuesto y Energía, donde se incorporó esta propuesta al dictamen del espacio opositor, con el objetivo de aliviar el impacto de los fuertes aumentos registrados en las boletas de luz durante la actual gestión.
La legisladora, acompañada por sus pares formoseños Graciela Parola y Luis Basterra, además de representantes de La Rioja, Tucumán, Corrientes, Jujuy y Catamarca, denunció con dureza la política energética del Gobierno nacional. En su exposición, De la Rosa comparó las resoluciones de la Secretaría de Energía y alertó sobre incrementos inéditos: “Se registraron aumentos del 10.000% en potencia, 2.300% en generación y 8.000% en transporte”, detalló. Frente a este escenario, advirtió sobre el drama cotidiano de las familias: “La gente tiene que elegir entre comer, comprar un medicamento o pagar las tarifas”, y criticó que se recorten subsidios a los sectores más vulnerables para cumplir con metas del Fondo Monetario Internacional, mientras se garantizan “rentabilidades en dólares y retornos extraordinarios para las empresas generadoras de energía”.
El proyecto presentado plantea medidas concretas y diferenciadas teniendo en cuenta las características climáticas y de infraestructura de la región. Propone una reducción del 50% en las tarifas para los usuarios con subsidios —aquellos con ingresos menores a 4.300.000 pesos o hasta 3 Canastas Básicas Totales— durante los meses de mayor demanda por calor: octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Además, establece la alícuota cero del IVA en las boletas para todos los usuarios que no cuenten con acceso a la red de gas natural, una realidad en gran parte de estas provincias.
Otra de las cláusulas fundamentales de la iniciativa es que fija un tope a los futuros aumentos: las tarifas no podrán crecer por encima del coeficiente de variación salarial que mide el INDEC, asegurando que el costo de la energía no supere la capacidad de pago de los trabajadores. Para financiar este esquema sin afectar las arcas provinciales ni la prestación del servicio, se establece que los recursos provendrán del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica y del Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas, tal como lo establece la normativa vigente, aclarando además que estos beneficios son acumulables con otros que ya estén vigentes.