Buenos Aires – El Gobierno nacional oficializó la adjudicación de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay a la empresa belga Jan de Nul, en lo que constituye la privatización más relevante llevada adelante durante la gestión de Javier Milei. Este paso define el futuro operativo del principal corredor fluvial del país por las próximas décadas, una vía estratégica por donde transita aproximadamente el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas y que conecta la producción interna con los mercados internacionales a través del océano Atlántico. La decisión se concretó tras un proceso competitivo donde solo quedaron firmas europeas especializadas en infraestructura y navegación.
El proceso licitatorio, impulsado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, tuvo su definición final entre dos empresas de origen belga: Jan de Nul y DEME, ambas aprobadas en la instancia técnica previa. Según los resultados oficiales, la adjudicataria se impuso al obtener una mejor puntuación integral en la evaluación de las propuestas económicas y operativas presentadas. La concesión abarca un plazo de al menos 25 años, durante el cual la empresa tendrá a su cargo las tareas esenciales de dragado, balizamiento y mantenimiento de la vía, además de realizar inversiones millonarias destinadas a profundizar el calado y mejorar la capacidad de carga de los buques que operan en el sistema portuario nacional.
Para la economía argentina y del Mercosur, esta vía navegable troncal es determinante, ya que concentra el movimiento de granos, aceites, combustibles e insumos que dan vida al comercio exterior regional. Desde la perspectiva del oficialismo, la medida busca modernizar una infraestructura que consideran obsoleta, reducir los costos logísticos y potenciar las exportaciones. Por el contrario, la operación también despertó fuertes cuestionamientos por parte de sectores opositores y organismos de control, que advirtieron sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la licitación y reclamaron por la falta de garantías y controles estrictos en materia de impacto ambiental.
Otro de los puntos que genera debate es la dimensión económica del negocio: se estima que la concesionaria obtendrá ingresos anuales superiores a los 600 millones de dólares en concepto de peajes por el uso de la vía navegable. Quienes apoyan la medida sostienen que ese flujo de recursos se justifica por las mejoras que se verán en la eficiencia del transporte, mientras que los críticos señalan que se trata de la entrega de un recurso estratégico y natural, cuya renta y control pasan a manos privadas extranjeras sin que el Estado conserve herramientas de regulación suficientes.