A partir de hoy entra en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Argentina, que reemplaza la normativa vigente desde 1980 y modifica la edad de imputabilidad penal, además de transformar el esquema de sanciones, el régimen de encierro y los lineamientos de resocialización para los adolescentes que cometan delitos. La reforma excluye expresamente las condenas perpetuas para este grupo etario y establece un sistema especial de seguimiento.
Desde este 5 de septiembre se deja atrás el esquema que definía a los menores de 16 años como inimputables, abriendo una nueva etapa en la Justicia de Menores con alcance en todo el territorio nacional. Ahora, las personas mayores de 14 años que cometan delitos podrán ser imputadas y judicializadas conforme a las normas del Código Penal, aunque siempre dentro de un régimen procesal y sancionatorio propio para su franja etaria.
La normativa contempla que, además de la posibilidad de privación de la libertad en casos determinados, se podrán aplicar condenas y medidas alternativas adaptadas a la realidad de los adolescentes. El eje central de las sanciones no será solo el castigo, sino la construcción de responsabilidad legal por los actos cometidos, acompañada de instancias de educación, resocialización e integración social.
En ese marco, se introduce un sistema estructurado de penas, controles y mecanismos de seguimiento que no estaban previstos de la misma manera en la normativa anterior. El objetivo oficial es combinar la exigencia de responsabilidad por el delito con políticas que permitan la reinserción social de los jóvenes que atraviesen el sistema de justicia penal juvenil.