La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una reunión extraordinaria para resolver la validez de las disposiciones del DNU 70/2023 que derogaron la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad de las Tierras Rurales. La instancia se abre en respuesta a un recurso presentado por la organización ambientalista Árbol de Pie, de Bariloche, junto a comunidades originarias, que incluye un pedido de medida cautelar. Si el máximo tribunal la concede, podrían restablecerse las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, revirtiendo los efectos del fallo de la semana pasada.
En esa resolución anterior, la Corte revocó —por un motivo estrictamente procesal— la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto, que eliminó por completo la normativa que limitaba la extranjerización de tierras. Ahora, el nuevo pedido busca que el tribunal frene la aplicación de esa derogación mientras se analiza el fondo del asunto. La reunión contará con la participación de los jueces Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, junto a los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
El escenario se da en paralelo con la sesión convocada para el próximo jueves en la Cámara de Diputados, donde la oposición buscará rechazar en su totalidad el DNU 70/2023 y no solo su artículo 154. La definición de la Corte adquirirá así un peso decisivo: si restablece la vigencia de la Ley de Tierras, anticipará un freno a la desregulación impulsada por el Gobierno, mientras que si confirma la derogación, dejará en manos del Congreso la decisión final sobre el régimen de propiedad rural.