El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno de Javier Milei redefine la relación entre la Casa Rosada y las provincias: incrementa los fondos bajo decisión directa del Ministerio de Economía, reduce las transferencias destinadas a obras de infraestructura y traslada responsabilidades que antes eran asumidas por la Nación a cada gobierno provincial. Al mismo tiempo, se habilitan nuevas herramientas de endeudamiento y se mantienen mecanismos de asistencia financiera mediante adelantos de coparticipación, lo que modifica profundamente el margen de maniobra de los mandatarios del interior.
Si bien las provincias reciben un aumento en los recursos automáticos por coparticipación, pierden previsibilidad sobre aquellos fondos que quedan sujetos a la decisión discrecional del Poder Ejecutivo. Las partidas específicas para obras sufren recortes, por lo que para financiar proyectos de infraestructura las administraciones provinciales deberán depender cada vez más de la negociación directa con el Gobierno nacional o recurrir a endeudamiento propio. El resultado es un esquema donde el apoyo financiero deja de ser automático y pasa a responder a acuerdos políticos caso por caso.
La combinación de menores transferencias con asignaciones discrecionales y la necesidad de asumir obras que antes financiaba la Nación coloca a los gobernadores en una posición de mayor dependencia respecto de las definiciones de la Casa Rosada. La negociación política gana así peso sobre la asignación presupuestaria preestablecida, en un contexto donde las provincias deben equilibrar sus cuentas con menos recursos con destino fijado y más recursos condicionados a la voluntad del Ejecutivo nacional.