El Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca reforzar el marco legal de defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes. La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei y los ministros Diego Santilli, Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo, responde al rechazo oficial al avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas extranjeras en zona bajo disputa de soberanía con el Reino Unido.
La propuesta deroga la Ley N.º 26.659, vigente desde 2011, y amplía su alcance de manera sustancial: mientras la norma anterior se limitaba a actividades hidrocarburíferas, el nuevo régimen se aplica a toda explotación de recursos naturales —renovables y no renovables— realizada sin autorización de la autoridad nacional competente en el archipiélago, sus espacios marítimos y la Plataforma Continental Argentina. Se contemplan condenas de hasta 20 años de prisión para quienes lleven adelante extracciones sin permiso, además de multas calculadas en barriles de crudo que podrían alcanzar montos millonarios.
El texto también extiende las prohibiciones a empresas contratistas, proveedoras y prestadoras de servicios que participen en estas tareas, estableciendo inhabilitaciones para operar en el país. Paralelamente, el proyecto crea un Consejo de Seguridad Nacional bajo conducción presidencial, con el objetivo de coordinar la acción diplomática, económica, jurídica y militar en defensa de la soberanía y los recursos estratégicos del Atlántico Sur. La iniciativa comenzó su recorrido parlamentario en un contexto de creciente tensión tras la decisión de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum de avanzar con inversiones por más de USD 1.800 millones en el yacimiento offshore.