El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional contempla modificaciones sustanciales a la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, que afectarían el sistema de aranceles, las pensiones no contributivas, la cobertura sanitaria y la forma en que se actualizan las prestaciones. La iniciativa aún debe ser debatida y aprobada por el Congreso, por lo que los cambios no han entrado en vigencia, pero ya generaron fuertes cuestionamientos por parte de legisladores opositores.
Una de las alteraciones más relevantes es la eliminación del artículo 14, que establecía la creación de un nomenclador único nacional para las prestaciones vinculadas con la discapacidad. Este esquema buscaba garantizar que los servicios se cotizaran bajo criterios igualitarios en todo el país. Con la modificación propuesta, cada obra social, empresa de medicina prepaga, provincia u organismo estatal podría fijar sus propios valores, lo que según los críticos fragmentaría el sistema y podría generar desigualdades en el acceso según la jurisdicción o la cobertura de cada persona.
El artículo 39 del Presupuesto sustituye además el texto del artículo 7 bis de la ley de emergencia, estableciendo expresamente que “la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles” y que el nomenclador “no incluirá valores universales”. Los opositores advirtieron que estas disposiciones podrían traducirse en una reducción de derechos, menor remuneración para los prestadores y, consecuentemente, menor disponibilidad de servicios para las personas con discapacidad. El debate parlamentario definirá si estas reformas avanzan o son rechazadas.