La administración de Javier Milei dio marcha atrás y eliminó del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba el régimen de compraventa de tierras rurales por parte de extranjeros. La decisión se tomó después de que varios gobernadores aliados anticiparan su rechazo, lo que ponía en riesgo la aprobación total de la iniciativa en la Cámara alta.
El texto original buscaba reformar la Ley de Tierras vigente desde 2011, que establece un límite máximo del 15% del territorio rural en manos extranjeras, además de restricciones por nacionalidad y superficie. El rechazo político y social se centró en el impacto que tendría una flexibilización de estas normas sobre zonas fronterizas y territorios que concentran recursos estratégicos como agua, bosques y minerales, especialmente en provincias del Norte Grande.
Al retirar ese punto polémico, el oficialismo busca garantizar los apoyos necesarios para avanzar con el resto del proyecto, que abarca temas como desalojos, expropiaciones y manejo del fuego. La medida no cierra el debate sobre soberanía territorial, sino que lo mantiene abierto como eje central de discusión para el futuro, tras haber evitado una derrota parlamentaria inmediata.