Buenos Aires – La política de apertura comercial que impulsa el Gobierno nacional avanza con fuerza en la eliminación de medidas antidumping, herramientas que durante años sirvieron para proteger a la producción local frente a importaciones a precios considerados desleales. La Secretaría de Comercio ya revisó más de la mitad de los casos que vencen durante 2026, en un proceso que genera cada vez mayor alerta entre los sectores productivos, que advierten sobre posibles consecuencias en la actividad y los puestos de trabajo.
Según un relevamiento realizado, de las cerca de 40 medidas que debían ser evaluadas este año, la mayoría de los expedientes analizados en los primeros seis meses terminaron con la supresión de estas protecciones. Desde el oficialismo explican que el objetivo es profundizar la apertura de mercados, reducir los costos de producción y ofrecer precios más bajos a los consumidores. Sin embargo, para las cámaras empresarias y los fabricantes nacionales, esta decisión representa un cambio de rumbo que pone en riesgo el desarrollo de la industria local.
La preocupación se centra en que muchas de estas medidas protegían insumos esenciales para la cadena productiva, como aluminio, perfiles de PVC, productos químicos, autopartes, rodamientos y amortiguadores. Se trata de rubros que sostienen miles de empleos en todo el país y forman parte de estructuras industriales consolidadas. Los sectores afectados advierten que, sin estos mecanismos de defensa, la competencia desigual podría derivar en la reducción de la actividad, el cierre de plantas y la pérdida de puestos laborales en los próximos meses.