San Juan – En el marco de la Asamblea Ordinaria realizada en esta ciudad, con la presencia de 58 juezas y jueces de todo el país, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) reeligió por unanimidad a Emilia María Valle, integrante del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, como su presidenta para el nuevo período. A su vez, también fue ratificado en el cargo de vicepresidente Fabián Vittar, representante de la provincia de Salta. La renovación de la comisión directiva contó con el respaldo absoluto de sus pares, quienes valoraron la labor de una gestión definida por su eficiencia, su perfil federal y un trabajo constante de articulación y cooperación entre los distintos poderes judiciales locales.
La jornada de trabajo contó con una amplia convocatoria y la participación de las máximas autoridades judiciales de todo el territorio nacional. Por la provincia del Chaco, estuvieron presentes el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Néstor Varela, y el juez Víctor del Río, quienes acompañaron el desarrollo del encuentro que reafirma el rol clave de este organismo en la coordinación de criterios y el fortalecimiento de la justicia en cada distrito del país. Durante las deliberaciones, se destacó la importancia de mantener este espacio de discusión e intercambio como herramienta fundamental para la modernización y el funcionamiento equitativo del sistema judicial.
Un momento destacado de la actividad fue la reunión que mantuvo la nueva conducción con el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Mahiques. En ese encuentro, las autoridades judiciales provinciales resaltaron la relevancia de la presencia del funcionario nacional en el ámbito de debate de las justicias locales. Por su parte, Mahiques confirmó la transferencia de recursos por parte de la cartera a su cargo, destinados específicamente a garantizar la continuidad del funcionamiento del Bus Federal, un programa que acerca servicios judiciales y de acceso a la justicia a localidades alejadas o de difícil acceso, y que constituye una política pública central para la inclusión y la igualdad ante la ley en todo el país.