Chaco – El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su enérgico repudio por la detención del periodista Luis Fernando Ojeda, ocurrida en la localidad de Margarita Belén, y señaló directamente al gobierno provincial que encabeza Leandro Zdero. La organización calificó lo sucedido como una “detención injustificada” y advirtió que el hecho representa un posible avance contra la libertad de expresión y el derecho a informar en la provincia. El episodio tuvo lugar durante un acto oficial en el Club San Martín, cuando el profesional intentó consultar al gobernador sobre los problemas recurrentes en el suministro de agua potable que afectan a la zona. Según los relatos, el mandatario no solo evitó responder, sino que también lo señaló acusándolo de ser un “militante kirchnerista” y continuó su recorrido; minutos después, personal policial redujo y detuvo al cronista.
El procedimiento generó inmediatas críticas y cuestionamientos. Desde la Policía de Chaco justificaron la medida argumentando supuestos hechos de “desorden en la vía pública” y violación de un “perímetro de seguridad”, encuadrando la situación en el artículo 60 del Código de Faltas provincial. El jefe de la fuerza, Fernando Romero, añadió que el arresto no tuvo relación con la labor periodística, sino con un presunto altercado con agentes de seguridad ocurrido cerca del lugar, y afirmó desconocer en ese momento que Ojeda se dedicaba al periodismo. La medida se extendió por unas siete horas, lapso durante el cual el profesional permaneció detenido hasta que una orden judicial dispuso su libertad.
El caso encendió las alarmas entre los trabajadores de prensa y las entidades que defienden la actividad. Más allá de la versión oficial, el sector advierte que este tipo de procedimientos y el uso de figuras contravencionales se utilizan cada vez más como herramienta para limitar preguntas incómodas o controles a la gestión pública. FOPEA marcó la gravedad del precedente: restringir o castigar el trabajo de quien consulta a las autoridades sobre temas que afectan a la comunidad representa un límite peligroso para el ejercicio del periodismo y un retroceso para la transparencia institucional en la provincia.