El primer paro docente realizado tras la entrada en vigencia de la reforma laboral que declaró a la educación básica como servicio esencial mostró un comportamiento dispar según las jurisdicciones. Mientras desde el oficialismo aseguraron que la medida tuvo alta adhesión en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego “a pedido de los gobernadores”, en otras provincias gobernadas por la oposición también se registró un elevado acatamiento, en tanto que algunas zonas mantuvieron la actividad prácticamente normal.
La jornada quedó atravesada además por un fuerte conflicto entre la Nación y la administración bonaerense, luego de que las autoridades provinciales rechazaran los operativos de inspección que intentó realizar la Secretaría de Trabajo. El objetivo del relevamiento nacional era verificar el cumplimiento del piso del 75% de asistencia docente establecido por la Ley 27.802, que rige para las medidas de fuerza en servicios esenciales.
Durante toda la jornada, el Ejecutivo nacional desplegó un operativo de control sobre una muestra de escuelas distribuidas por todo el país. Los equipos verificaron establecimientos abiertos y cerrados, el nivel de asistencia docente y realizaron observaciones sobre el desarrollo de la actividad en cada institución consultada. Al respecto, fuentes oficiales señalaron: “Hacen un paro contra el Gobierno, cuando los que pagan los salarios son las provincias. Apuntan a Nación, cuando los que deciden cuánto se paga corresponde a cada gobernador”.