El comercio exterior argentino quedó totalmente frenado este lunes tras el cese de actividades por tiempo indeterminado de los prácticos portuarios, pilotos y baqueanos de todo el país. La medida de fuerza es un rechazo directo al Decreto 690/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger, que busca desregular el servicio de practicaje y pilotaje en ríos, canales y puertos nacionales.
Como consecuencia de la protesta, unas 140 embarcaciones quedaron a la espera de las maniobras de ingreso y egreso, se detuvieron por completo las exportaciones de granos, combustibles y otras mercaderías, y se demoraron operaciones clave vinculadas al desarrollo energético. “Toda la carga está detenida en los puertos. La situación se agravará hora tras hora”, advirtieron fuentes del sector, que advirtió que la paralización afecta especialmente el movimiento en el puerto de Rosario y terminales de todo el litoral.
Entre las operaciones suspendidas se encuentra la del buque de transporte pesado White Marlin, destinado a tareas esenciales del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). La embarcación permanece fondeada fuera del muelle sin poder ingresar al no contar con un práctico que guíe su ingreso, lo que retrasa el inicio de trabajos para el tendido de infraestructura submarina del oleoducto. Esta obra, que supera el 75% de avance, es impulsada por un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol, y conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro a lo largo de casi 600 kilómetros. Se proyecta que para mediados de 2027 transportará hasta 390.000 barriles por día, lo que podría llevar las exportaciones energéticas a más de 18.500 millones de dólares anuales.
Los profesionales alcanzados por la normativa resolvieron no prestar servicios a ninguna embarcación como medida de rechazo a la desregulación impuesta, argumentando que pone en riesgo la seguridad náutica y el control de las maniobras en aguas nacionales. La protesta se mantiene sin fecha de reinicio de actividades, a la espera de respuestas oficiales que modifiquen o dejen sin efecto el decreto cuestionado