Cada 16 de octubre, Formosa recuerda uno de los episodios más trágicos de su historia democrática: la Masacre de Villa Jardín. En 1989, ocho niños y adolescentes que se encontraban alojados en la Comisaría del Menor, en la capital provincial, murieron durante un incendio que expuso las condiciones de encierro, los maltratos y las graves fallas de una institución que debía garantizar su protección. A 37 años de aquel hecho, las responsabilidades que no llegaron a esclarecerse mantienen abierta una de las heridas más dolorosas de la historia institucional formoseña.
Según los testimonios reconstruidos sobre el caso, los menores habrían prendido fuego los colchones para llamar la atención de las autoridades, protestar por los malos tratos y reclamar la posibilidad de recuperar su libertad y pasar la jornada con sus familias. Sin embargo, quedaron atrapados en el lugar y murieron por asfixia y quemaduras. Las víctimas fueron Miguel Ángel Moreno, de 17 años; Roberto Carlos Del Valle; Víctor Celestino Sanabria, de 16; Gustavo Rodríguez, de 16; Agustín Rodas, de 15; Edgard Benítez, de 14; Walter Aguilar, de 12; y Luis Alberto Dañacón, de 12 años. Cuatro de ellos pertenecían a pueblos originarios, según los antecedentes difundidos sobre la tragedia.
Marcelo Moreno, hermano de Miguel Ángel, recordó que se enteró del incendio a través de una radio local. Cuando llegó al lugar, comenzó a buscar a su hermano entre la confusión y las noticias sobre los menores heridos. Finalmente, lo encontró en la terapia intensiva del Hospital Central, donde también se encontraba otro de los adolescentes, que murió horas después. Según contó, la Policía había demorado a su hermano durante un operativo de rutina porque no tenía documentos; tras pasar la noche en una subcomisaría, fue trasladado a la Comisaría del Menor, y la familia había iniciado los trámites para conseguir su liberación.
Las actuaciones judiciales iniciadas después de la tragedia expusieron denuncias de maltratos, castigos físicos, humillaciones y abusos contra los niños y adolescentes alojados en la dependencia. Los antecedentes del proceso describen golpes con patadas y cachiporras, ejercicios físicos impuestos hasta el agotamiento, alimentación insuficiente y condiciones sanitarias degradantes. También se denunciaron presuntos abusos sexuales y prácticas humillantes que involucraban a los menores. El caso derivó en la destitución del juez Héctor Gallardo, pero las responsabilidades políticas e institucionales nunca llegaron a esclarecerse del todo.
A tres décadas y siete años de la Masacre de Villa Jardín, familiares, organizaciones de derechos humanos y vecinos de Formosa mantienen vivo el reclamo de memoria, verdad y justicia. El episodio se convirtió en un símbolo de los excesos del sistema de encierro de menores y en un llamado para que nunca más se repitan condiciones de detención inhumanas para niños y adolescentes.