Buenos Aires – La evolución de los ingresos de los trabajadores volvió a mostrar un resultado negativo: según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante el mes de marzo los salarios registrados —tanto del sector público como del privado— aumentaron un 3%, mientras que la inflación del mismo período alcanzó el 3,4%. Esta diferencia significa que los haberes perdieron nuevamente contra el aumento de precios, marcando así su séptima caída mensual consecutiva y profundizando el deterioro del poder adquisitivo de las familias argentinas.
El análisis de los números acumulados refuerza esta tendencia a la baja. En el primer trimestre de 2026, los salarios crecieron un 7%, cifra que queda lejos del 9,3% que acumuló el Índice de Precios al Consumidor en el mismo lapso. Sin embargo, el impacto es aún más profundo si se observa lo ocurrido desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Estimaciones privadas basadas en los datos oficiales indican que la caída real es del 9,2% según la medición vigente, pero si se utilizara el índice de precios actualizado que el Gobierno decidió suspender y dejar sin efecto, la pérdida del poder adquisitivo alcanzaría el 18,8% en términos reales.
Este debilitamiento de los ingresos no es un hecho aislado, sino que está directamente vinculado al comportamiento de la economía y el mercado laboral. La menor actividad y las dificultades que atraviesan las empresas derivaron en la desaparición de 24.437 unidades empleadoras desde el cambio de gobierno, lo que representa una caída del 4,8% en la cantidad de empleadores registrados en el país. Menos fuentes de trabajo y menores ingresos reales conforman un escenario complejo para los trabajadores, incluso para aquellos que cuentan con convenios y negociaciones paritarias.
La presión sobre el bolsillo se hace sentir de manera contundente en la vida cotidiana. De acuerdo con las últimas mediciones, para no caer por debajo de la línea de pobreza, un grupo familiar necesitó contar con ingresos superiores a $1.469.000 mensuales, una cifra que no incluye el pago de alquiler. Estos números reflejan la distancia creciente entre lo que ganan los trabajadores y el costo real de la canasta básica y el sostenimiento de una vida digna.