El escenario político desplazó a los factores internacionales como principal fuente de preocupación para los inversores: más allá del conflicto en el Golfo Pérsico o la suba de tasas en Estados Unidos —que encarece el endeudamiento argentino—, lo que hoy define las expectativas es el debilitamiento del Gobierno y la incertidumbre por las elecciones de 2027. El acercamiento con el PRO, impulsado tras reconocer el oficialismo los riesgos de su aislamiento político, no logró trasladarse a la cotización de bonos y acciones, que siguen sin recuperarse. Las consultoras coinciden en señalar la falta de resultados y propuestas efectivas para reactivar la actividad, pese a medidas como la liberación de depósitos en dólares destinados a financiar empresas.
En el frente interno, el dólar se mantiene en torno a los $1.500 como techo que el Gobierno se empeña en no franquear, a costa de mantener las tasas de interés en niveles que ahogan el consumo. Un préstamo a tres meses exige pagar un 18% en ese lapso, lo que equivale a una tasa efectiva de 5,66% mensual, muy por encima del rendimiento que ofrece una Lecap a igual plazo. Con estos costos, el crédito deja de ser un motor y se convierte en una carga.
El resultado más grave de este esquema es la morosidad en niveles históricos: cerca de 6 millones de personas ya no pueden acceder al sistema financiero formal porque arrastran deudas impagas. El endeudamiento de las familias se transformó así en un obstáculo estructural: quienes logran pagar no piden más crédito, y quienes ya no pueden hacerlo quedan excluidos del mercado. Sin recuperación del poder de pago y sin acceso a financiamiento más barato, la reactivación del consumo aparece hoy como un objetivo inalcanzable.