La discusión sobre la propiedad extranjera de tierras rurales regresó con fuerza al Congreso de la Nación tras el reciente fallo de la Corte Suprema vinculado a la Ley 26.737. En el Senado, el peronismo presentó un proyecto para restablecer la normativa que regía desde 2011, mientras la oposición en Diputados prepara una sesión especial con el objetivo de rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que eliminó las restricciones.
La iniciativa llevada adelante por los senadores José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino propone específicamente derogar el artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei dejó sin efecto la Ley de Tierras Rurales. La norma original establecía que la titularidad o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros no podía superar el 15% del territorio nacional, con límites adicionales a nivel provincial y departamental. Además, una misma nacionalidad no podía exceder el 30% de ese porcentaje, se fijó un techo de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo y se contemplaron restricciones especiales en zonas de frontera y cercanías a cuerpos de agua.
El DNU 70/23, publicado en diciembre de 2023 dentro del paquete de desregulación económica, abrogó expresamente la Ley 26.737. Ahora, la acción parlamentaria busca devolver la vigencia de esos límites, en un debate que enfrenta a quienes consideran que la preservación de la tierra en manos argentinas es una cuestión de soberanía y quienes defienden la desregulación como una herramienta para atraer inversiones. El desarrollo de las sesiones en ambas cámaras definirá si se confirma la derogación o si se restituyen las protecciones vigentes durante más de una década.