Nación – El diputado nacional por Chaco, Aldo Leiva, integrante de Unión por la Patria, salió al cruce de la situación que rodea al jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, tras la presentación de sus declaraciones juradas rectificativas y la polémica por la evolución de su patrimonio. En duros términos, el legislador cuestionó la coherencia del Gobierno nacional, recordando que desde el oficialismo se prometió terminar con la corrupción, dejar de lado las viejas prácticas de la “casta” y devolver dignidad a la política, hechos que, a su entender, no se condicen con lo que sucede en la actualidad.
“Nos dijeron que venían a terminar con la corrupción. Que no eran la casta. Que habían llegado para devolverle la dignidad a la política. Pero mientras le piden sacrificios al pueblo argentino, mientras los jubilados eligen entre comer o comprar sus medicamentos y los trabajadores hacen malabares para llegar a fin de mes, aparecen declaraciones contradictorias, patrimonios que no se pueden explicar y funcionarios que cambian su versión según avanza la polémica”, expresó Leiva, marcando la diferencia entre el discurso oficial y la realidad económica y social que atraviesa el país.
Para el diputado chaqueño, es inadmisible que existan criterios distintos para unos y para otros. “No puede haber una vara para el ciudadano común y otra para quienes gobiernan. La transparencia no puede ser un discurso de campaña ni la honestidad una careta que se usa cuando conviene”, remarcó. Además, recordó que desde su espacio político ya venían advirtiendo sobre estas contradicciones: “Hace tiempo venimos señalando que quienes se presentaron como los dueños de la verdad y la moral terminaron haciendo aquello que tanto criticaban. Y eso no solo genera bronca, sino también una profunda desilusión en una sociedad que está cansada de no poder vivir dignamente”.
Finalmente, cerró con una referencia directa al funcionario cuestionado: “El mismo señor que pedía auditar la UBA se olvidó de declarar 500.000 dólares”. Sus declaraciones se suman a las voces que reclaman explicaciones y mayor claridad en medio de un intenso debate político sobre el control de los bienes de los funcionarios públicos y el cumplimiento real de los principios de transparencia que el propio Gobierno había puesto como eje central de su gestión.