La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que el expediente que investiga presunto lavado de activos vinculado a una casaquinta valuada en 17 millones de dólares y relacionada con dirigentes de la AFA debe salir del fuero penal económico de la Ciudad de Buenos Aires y regresar al juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. El tribunal sostuvo que el delito investigado corresponde a la justicia federal común, en resguardo de la garantía constitucional del juez natural.
La decisión, firmada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, ordenó remitir el expediente a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que, sin demoras, lo devuelva al juzgado que había iniciado la investigación. El fallo señala que se debe preservar “una buena y pronta administración de justicia” y que el fuero especializado en materia económica no es el competente para este caso.
El juez Alejandro Slokar votó en disidencia por motivos formales, al considerar que el recurso debía declararse inadmisible, aunque coincidió sustancialmente en que el delito de lavado de activos debe investigarse en el fuero federal y resulta ajeno al fuero penal económico. La investigación busca determinar si la propiedad fue adquirida por supuestos testaferros vinculados a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.