La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) reclamó al Gobierno nacional que incluya a la actividad pesquera en la ofensiva argentina contra la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, tras el anuncio del presidente Javier Milei de iniciar procedimientos sancionatorios contra 45 empresas y personas por tareas hidrocarburíferas sin autorización de Buenos Aires. La entidad sostiene que si las concesiones petroleras en territorio en disputa son consideradas ilegítimas, el mismo criterio debe aplicarse a las licencias de pesca que el Reino Unido otorga desde hace décadas en esas aguas.
A diferencia del proyecto petrolero, que aún no comenzó su producción, el régimen de licencias pesqueras funciona desde hace décadas y constituye el pilar económico principal del archipiélago. Entre 2023 y 2024, esas licencias generaron aproximadamente 33,8 millones de libras esterlinas (unos USD 45 millones) en ingresos para la administración británica, con una proyección superior a los 36,1 millones (USD 48 millones) para el próximo período. La pesca representa alrededor del 40% del Producto Bruto Interno de las islas y fue lo que le permitió alcanzar prácticamente la autosuficiencia financiera.
Los números de la explotación pesquera son contundentes: durante 2024 se capturaron 261.903 toneladas de recursos marinos, uno de los mayores registros de los últimos años. De ese volumen, 146.689 toneladas correspondieron al calamar Illex argentinus, especie de alto valor comercial. En plena temporada operan habitualmente entre 100 y 120 buques con licencia activa, cifra que puede superar los 130 durante los picos de la campaña calamarera. El sector pesquero argentino respalda así el endurecimiento de la postura soberana, pero reclama ser incluido en la estrategia para que el reclamo argentino se aplique de manera integral sobre todos los recursos de la plataforma continental.