La denuncia también involucra al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, y acusa al Gobierno de incumplir derechos fundamentales de los jubilados.
El presidente Javier Milei fue denunciado judicialmente por presunto «incumplimiento de los deberes de funcionario público» tras vetar la ley de reforma jubilatoria. La abogada Valeria Carreras presentó la denuncia en los tribunales federales de Retiro, apuntando también contra el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo.
La causa quedó en manos del juzgado federal 11, actualmente subrogado por el juez Julián Ercolini, según informaron fuentes judiciales. Carreras solicitó la intervención de la UFI PAMI, la unidad fiscal especializada en delitos previsionales, para que investigue las acciones del Gobierno.
«Con el veto a la ley de movilidad jubilatoria que significaría un aumento ínfimo, pero un aumento al fin para el sector pasivo, y una fórmula de actualización mínimamente realista, estamos frente a una conducta que podría tipificarse no solo como el incumplimiento de deberes de funcionario público, al no cumplir con leyes y tratados internacionales, sino también frente a conductas que podrían encajar en un plan sistemático contra los pasivos de nuestra sociedad», argumentó la abogada.
Carreras sostuvo que el veto presidencial debe ser investigado «no como un hecho aislado, sino como parte de toda una política de maltrato al adulto mayor». Aseguró que estas acciones incumplen con la garantía de derechos humanos básicos, como el derecho a la vida, la dignidad y la salud, y constituyen un ataque desde el Estado contra los más vulnerables.
La letrada también solicitó ser citada para ratificar su denuncia, subrayando que «no puede permitirse el abuso de poder contra un sector por demás vulnerable como es la enorme cantidad de adultos mayores de la Argentina».
Además, mencionó la decisión del Gobierno de eliminar la cobertura del 100% para 44 medicamentos de los afiliados al PAMI, afectando a más de cinco millones de beneficiarios.
«La denuncia que formulo, tiene basamento, en la gravedad que estas medidas del Poder Ejecutivo, revisten ya no solo por incumplir con los Tratados internacionales, no solo por incumplir con la Constitución Nacional, sino por atentar contra la vida de un sector de la sociedad, el sector más vulnerable, nuestros mayores», concluyó Carreras.
Fuente: Crónica