El Gobierno italiano ha anunciado este viernes la suspensión temporal del Acuerdo de Schengen con España y el cierre de sus fronteras, cumpliendo así la amenaza que había adelantado apenas horas antes. La decisión, calificada por la presidente Giorgia Meloni como una «medida extraordinaria», busca según el ejecutivo romano «salvaguardar la seguridad nacional y prevenir posibles repercusiones» derivadas de la crisis migratoria desatada en Ceuta tras la entrada masiva de personas desde Marruecos.
La medida ha generado una inmediata respuesta desde Bruselas, donde la Comisión Europea ha advertido que la reintroducción de verificaciones en las fronteras interiores solo está permitida de manera temporal y excepcional. La institución comunitaria ya ha pedido a varios Estados miembros que retiren dispositivos similares para evitar que estas restricciones se conviertan en permanentes, recordando los principios fundacionales del espacio común europeo.
Pero, ¿qué implica en la práctica esta suspensión unilateral? El Acuerdo de Schengen, según explica el propio Ministerio del Interior español, es el tratado por el que varios países europeos suprimieron los controles en sus fronteras interiores y trasladaron esos mecanismos de vigilancia a las fronteras exteriores con terceros naciones. En términos prácticos, esto significaba que tanto ciudadanos europeos como residentes de terceros países —turistas, estudiantes de intercambio o trabajadores— podían circular libremente sin someterse a controles fronterizos entre los países miembros.
Firmado originalmente en la ciudad luxemburguesa de Schengen en 1985 y en vigor desde 1995, este acuerdo construyó un espacio común que abarca gran parte del continente europeo. Los países participantes se comprometieron a aplicar normas comunes en el control de las fronteras exteriores, así como en materia de visados y cooperación policial y judicial en el ámbito penal. La decisión de Italia supone ahora un duro golpe para uno de los pilares más visibles de la integración europea, en un momento de máxima tensión por la gestión de la migración irregular.