Verónica Aldazabal denunció a Mario Campi, abuelo paterno de sus hijas de 11 y 7 años, por presunto abuso sexual contra las menores. Sin embargo, tras un proceso que ella califica de plagado de irregularidades, la Justicia de Río Negro decidió sobreseer al acusado. Ante la inminencia de una orden que obligaría a las niñas a revincularse con él, y con una medida judicial que le prohibía salir de Bariloche, la madre decidió huir. En la madrugada del 4 de junio del año pasado, apenas les armó una mochila, las subió a una camioneta prestada y se marchó hacia la provincia de Buenos Aires sin siquiera apagar las luces de su casa.
“Hice lo que hubiese hecho cualquier mamá”, expresó la mujer al justificar su decisión. Relató que durante años no halló respuestas en los tribunales rionegrinos y que el traslado tuvo como único fin proteger a sus hijas y lograr que fueran escuchadas por una justicia distinta. La situación se agravó cuando el padre de las niñas consiguió de una jueza la prohibición de abandonar la ciudad, medida que se dictó justo tras conocerse el sobreseimiento del presunto agresor.
Actualmente, el caso se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. La madre mantiene la lucha judicial para que no se obligue a las menores a mantener contacto cercano con quien acusa de haberlas abusado, a la espera de que la instancia superior revierta lo actuado hasta el momento y garantice protección efectiva para las niñas.