La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que el expediente que investiga presunto lavado de activos vinculado a una casaquinta valuada en 17 millones de dólares debe regresar al juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. El caso se encontraba radicado en el fuero penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, pero el máximo tribunal penal federal determinó que no le corresponde investigar este delito y dispuso su devolución en resguardo de la garantía constitucional del juez natural.
El tribunal estableció que la investigación debe continuar en la justicia federal criminal y correccional, “en resguardo de una buena y pronta administración de justicia”. Ordenó enviar el expediente a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que, sin demoras, lo remita al juzgado que había tenido intervención originalmente: el de Campana. La propiedad investigada estaría vinculada a supuestos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.
La decisión fue firmada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El juez Alejandro Slokar votó en disidencia por motivos formales, al considerar que el recurso debía declararse inadmisible, aunque coincidió sustancialmente en que el delito de lavado de activos corresponde al fuero federal y queda fuera de la competencia del fuero penal económico.