Buenos Aires – Tras la suspensión de la Ley 27.802 de Modernización Laboral por parte de la justicia laboral, el Gobierno de Javier Milei se encuentra en una encrucijada, discutiendo estrategias para revertir los fallos judiciales y dar validez a los cambios legislativos. La euforia inicial por la aprobación de la reforma en el Congreso se ha visto opacada por la preocupación ante las decisiones judiciales.
El Gobierno apelará el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que frenó la norma tras un planteo de la CGT.
Ante este panorama, el Gobierno explora la vía rápida a la Corte Suprema de Justicia, buscando un fallo favorable que permita la implementación de la reforma. La estrategia se centra en la apelación y la posibilidad de un «per saltum», confiando en que el máximo tribunal revierta las suspensiones y otorgue seguridad jurídica al sector empresarial, que considera crucial para la inversión y el crecimiento económico.