Buenos Aires – El Gobierno nacional puso en marcha una ofensiva para derogar la Ley de Etiquetado Frontal, la norma que estableció los octógonos de advertencia en los alimentos y bebidas, y con esta decisión generó una situación política delicada para varios de sus aliados. La iniciativa, que en su momento fue considerada un avance clave en materia de salud pública, había sido aprobada en el año 2021 con un amplísimo respaldo legislativo. Sin embargo, la intención oficial de eliminarla ahora obliga a muchos legisladores a revisar su postura, exponiendo contradicciones entre lo que votaron entonces y lo que deberán definir ahora.
Entre los nombres que quedaron en evidencia figuran dos referentes fundamentales de la región del NEA: el senador por Corrientes, Carlos “Camau” Espínola, y su par por Chaco, Víctor Zimmermann. Ambos habían apoyado activamente la sanción de la ley hace cinco años, cuando el proyecto obtuvo 64 votos a favor y solo 3 en contra en la Cámara Alta. Hoy, al formar parte del espacio que acompaña habitualmente las medidas de Javier Milei, quedan en una posición incómoda, ya que podrían verse presionados para respaldar la derogación de una norma que ellos mismos ayudaron a convertir en ley.
Este escenario recuerda lo ocurrido semanas atrás con la discusión por el régimen de Zona Fría, cuando varios aliados del oficialismo terminaron votando en contra de beneficios que habían defendido en gestiones anteriores. Con el etiquetado frontal, el Gobierno reabre un debate que parecía cerrado y pone a prueba la lealtad de sus socios políticos, al tiempo que recibe cuestionamientos de especialistas en salud y organizaciones de defensa del consumidor, que advierten sobre el retroceso que significaría quitar las herramientas que permiten a la población conocer la calidad nutricional de lo que consume.