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El Gobierno clasificó como secreto militar una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas, según el Decreto 1205/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, ampara bajo reserva absoluta las operaciones contractuales vinculadas a una adquisición cuyo detalle —tipo de material, costo, proveedor y fuerza destinataria— quedó fuera del alcance público.

La decisión se conoce en plena escalada diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. En las últimas semanas, el Gobierno nacional anunció un proceso sancionatorio contra 45 empresas y personas por explotar los recursos del archipiélago sin autorización argentina, presentó denuncias penales contra varias de ellas, instruyó un procedimiento ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el proyecto de extracción de crudo Sea Lion y ordenó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. Londres respondió convocando a la embajadora argentina para entregarle una nota de protesta, y el primer ministro Andy Burnham advirtió ante el Parlamento que será “implacable” en defender el derecho de los isleños a ser británicos.

El decreto invoca la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (24.948) y el Decreto 9390/63, que define como “secreto militar” toda adquisición, fabricación o construcción que resulte de importancia fundamental para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas. Al activar esa clasificación, los organismos contratantes quedan exceptuados de cumplir con las disposiciones de publicidad y difusión que rigen las compras del Estado.

La operación se inscribe en un plan de modernización de las Fuerzas Armadas por el que el Gobierno ya adquirió cazas F-16, blindados Stryker y helicópteros Black Hawk. Aunque el monto y las características de esta nueva compra no podrán conocerse por la clasificación de reserva, la medida refuerza la apuesta del Ejecutivo por fortalecer la capacidad militar en un contexto de creciente tensión con el Reino Unido por la cuestión del Atlántico Sur.