Tras un intenso debate parlamentario, el Senado le dio media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que introduce profundas modificaciones en el régimen de desalojos para inmuebles urbanos y rurales. La iniciativa tiene como objetivo principal agilizar los procesos judiciales y redefinir los derechos y obligaciones tanto de los propietarios como de los ocupantes e inquilinos, aunque todavía deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
El texto establece que toda acción de desalojo se tramitará mediante un juicio sumarísimo, lo que implica un procedimiento mucho más rápido en comparación con la vía tradicional. Esta medida busca reducir los tiempos de espera que hoy caracterizan a estos conflictos, permitiendo una resolución más ágil de las situaciones de ocupación o incumplimiento contractual.
Además, la propuesta amplía la legitimación activa para iniciar estas acciones: no solo los titulares de la propiedad podrán demandar, sino también cualquier sujeto que pueda invocar un derecho o interés legítimo afectado por una ocupación indebida, sin importar la naturaleza jurídica de su vínculo con el inmueble. Se trata de una modificación que expande el abanico de personas habilitadas para recurrir a la justicia en estos casos.
La iniciativa también redefine los plazos y las formas de notificación, establece garantías específicas para los inquilinos en situación de vulnerabilidad y fija nuevas reglas para la restitución y la entrega inmediata de los inmuebles una vez que se dicte la sentencia correspondiente. Todos estos puntos serán analizados nuevamente en Diputados, donde se definirá el destino final de la reforma.