Formosa / Buenos Aires – Diversas Defensorías del Pueblo de distintas jurisdicciones y organismos especializados en derechos electorales expresaron formalmente su rechazo al proyecto de intervención federal que se impulsa sobre la provincia de Formosa. A través de un comunicado conjunto difundido este miércoles, las instituciones advirtieron que esta medida constitucional no debe ser utilizada como una herramienta política para desplazar autoridades electas, y alertaron sobre el riesgo de que se desnaturalice el mecanismo rompiendo con los principios que sostienen el sistema federal argentino.
El pronunciamiento reúne a los defensores de Formosa, Buenos Aires, Santiago del Estero, Corrientes y del Municipio de Lanús, además del Observatorio de Derechos Políticos y Electorales (ODEPOE). En el documento, aclaran que la intervención está prevista por la Constitución Nacional solo para casos muy específicos: para restaurar derechos ante fraudes electorales graves, situaciones de violencia institucional, imposibilidad material de ejercer el voto o colapso del orden público que impida el funcionamiento de las libertades democráticas. Por el contrario, remarcaron que ese instrumento “no puede ser excusa para desplazar a competidores políticos”, descalificando cualquier intento de aplicarlo por motivaciones ajenas a las razones estrictamente legales y excepcionales.
Además, los organismos cuestionaron el uso que se pretende dar a la figura en el actual contexto político. Sostuvieron que si la medida no respeta estrictamente los lineamientos constitucionales, deja de ser una solución institucional para convertirse en una forma de “tutela política”, la cual consideran totalmente incompatible con el federalismo y la autonomía de las provincias que el propio ordenamiento jurídico busca proteger. Para los firmantes, el empleo indebido de esta herramienta debilita la estructura democrática y altera el equilibrio entre la Nación y las provincias.