Más de 45 mil trabajadores de la educación chaqueña atraviesan un deterioro sostenido de sus ingresos tras la suspensión de la cláusula gatillo en junio de 2025. El mecanismo, que desde 2019 actualizaba automáticamente los haberes según el Índice de Precios al Consumidor, dejó de aplicarse y, con la liquidación de agosto, los gremios denuncian que ya se acumularon cinco actualizaciones pendientes. La inflación alcanzó el 21,3% en los primeros ocho meses de 2026, profundizando la brecha entre los salarios y el costo de vida.
La estimación difundida por las entidades gremiales señala una pérdida cercana al 40% del poder adquisitivo desde la interrupción del sistema, aunque esa cifra no reviste carácter oficial. El conflicto se mantiene en la Justicia: el Superior Tribunal de Justicia ordenó medidas para garantizar la actualización salarial, pero los gremios consideran que el Gobierno de Leandro Zdero no ha cumplido con presentar el proyecto de ley que restablezca un mecanismo de recomposición. El reclamo combina así la exigencia de restitución del instrumento con la revisión de los montos adeudados por el período en que no se aplicó.
La discusión atraviesa además la paritaria docente y la relación entre el Ejecutivo y los sindicatos. Mientras la administración provincial sostiene que cualquier modificación debe surgir por ley y con respaldo presupuestario, los trabajadores de la educación insisten en que la demora en cumplir el fallo judicial prolonga la pérdida de ingresos. El desenlace de las presentaciones en curso definirá si se reestablece la cláusula o si se diseña un nuevo esquema de ajuste salarial para el sector.