Ginebra / Buenos Aires – Durante la 113.ª Conferencia Internacional del Trabajo, la delegación de Argentina votó en contra de la aprobación del Convenio 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una norma diseñada para establecer derechos y garantías laborales para las personas que prestan servicios a través de plataformas digitales como Uber, Rappi o Pedidos Ya. La decisión ubicó al país entre la minoría de Estados que rechazaron la iniciativa, la cual contó con el respaldo de la amplia mayoría de naciones, representantes sindicales y organismos de protección laboral.
El Gobierno de Javier Milei fundamentó su postura al señalar que el convenio podría limitar la flexibilidad del mercado laboral y generar mayores costos operativos para las empresas del sector. Por el contrario, la propuesta fue presentada como un avance histórico para regular una actividad que creció exponencialmente en la última década, y que en muchos casos se desarrolla sin los marcos de protección social tradicionales.
Entre los puntos principales que establece la norma se encuentran el reconocimiento de condiciones dignas de trabajo, el acceso a la seguridad social, protección frente a decisiones tomadas por sistemas automatizados, y la obligación de brindar información clara sobre cómo funcionan los algoritmos que asignan tareas o calculan ingresos. También incluye mecanismos para que los trabajadores puedan impugnar suspensiones o bloqueos de cuentas que afecten su fuente de sustento.
La votación reavivó el debate en el país sobre el modelo de regulación laboral que se pretende implementar. Mientras desde el oficialismo se defiende la medida como una forma de favorecer la actividad económica, organizaciones sindicales y sectores de la sociedad civil advierten que dejar de lado este marco internacional podría dejar a miles de trabajadores en una situación de mayor vulnerabilidad, sin garantías claras ante despidos, bajas de ingresos o falta de cobertura médica y previsional.