Un fallo de la Corte Suprema devolvió vigencia al polémico artículo sobre tierras del DNU 70/23 en el momento menos oportuno: el Presidente viajaba a París y el anuncio empañó por completo la imagen de estabilidad que intentaba proyectar el Gobierno. Lejos de celebrarse, la decisión tomó por sorpresa a la Casa Rosada, que no contaba con ella y quedó sin reacción inmediata. La oposición, en cambio, avanzó con rapidez y en apenas 48 horas pidió la convocatoria a una sesión especial para derogar el decreto en su totalidad, abriendo dos semanas de negociaciones definitorias.
El DNU 70 representa el andamiaje jurídico central de la gestión libertaria: contiene más de 366 artículos que desregularon sectores clave de la economía, y su caída dejaría sin efecto reformas impuestas desde el inicio del mandato. Frente a la amenaza de derogación total, el oficialismo explora estrategias para salvarlo, entre ellas reflotar una normativa específica sobre tierras por separado, con límites que permitan a los aliados apoyar sin tener que respaldar la apertura ilimitada. Mientras tanto, Karina Milei avanza en acuerdos políticos con una decena de gobernadores para fortalecer la base legislativa de cara a las votaciones decisivas.
Lo que en apariencia fue un fallo favorable terminó generando una crisis de gobernabilidad. Dentro del propio oficialismo se reconoce la falta de previsión: “En la política la autoridad se ejerce en todo, en esto también. Acá se lesiona al Gobierno”, señaló un dirigente opositor con trayectoria. La falta de anticipación y la desincronización entre el poder judicial y la estrategia política dejaron al Ejecutivo a la defensiva, obligado a recomponer alianzas en tiempo récord para evitar que el decreto que sostiene gran parte de su programa económico sea revocado por el Congreso.