Entre diciembre de 2023 y junio de 2026, la dotación de personal de la administración pública nacional se redujo en 71.661 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 21% en la planta total. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esto equivale a un promedio de 72 despidos por día, una medida que va más allá de las cifras y golpea directamente la capacidad del Estado para garantizar funciones esenciales como la logística federal, la recaudación, la investigación científica y la protección social.
El recorte ha desmantelado las capacidades operativas de organismos históricos y empresas públicas que cumplen roles irremplazables. El caso más destacado es el del Correo Argentino, que encabeza la lista con 5.578 despidos. La entidad no solo distribuye correspondencia, sino que funciona como el brazo logístico fundamental que lleva medicamentos, materiales educativos y documentos de identidad a zonas donde los operadores privados no llegan por falta de rentabilidad; además, su debilitamiento pone en riesgo el soporte indispensable para la organización de los procesos electorales.
En el sector ferroviario, ADIFSE registró una baja del 37,5% de su personal y la Operadora Ferroviaria perdió a 4.208 trabajadores. Estas medidas atentan contra el mantenimiento de las vías y el material rodante, así como contra la planificación de obras esenciales para el transporte de cargas y pasajeros, elementos clave para la competitividad y el desarrollo de las distintas regiones del país.