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“Yo dialogo con quien quiera, lo que yo no soy es comprable”. Con esa definición, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, marcó distancia de los mandatarios provinciales que negocian individualmente con el Gobierno de Javier Milei. Durante el acto por el Día de la Lealtad Peronista, cuestionó a quienes consideran que pueden salvar sus distritos mediante acuerdos particulares con la Casa Rosada, en una crítica que trasciende las diferencias partidarias y pone en debate el futuro del federalismo argentino.

El planteo expone una discusión central: ¿qué sucede cuando los gobernadores priorizan las negociaciones individuales mientras sus provincias enfrentan las consecuencias del ajuste nacional? Detrás de estos acuerdos aparece el riesgo de reemplazar un federalismo basado en la cooperación entre provincias por un esquema fragmentado, donde cada mandatario busca obtener beneficios particulares a costa de una defensa conjunta de los intereses regionales.

El acompañamiento político a Milei por parte de algunos gobernadores contrasta con la situación económica y social de sus provincias. Según registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y junio de 2026, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Tucumán registraron un importante retroceso en materia de empleo y cantidad de empresas. A esto se suman los últimos datos del INDEC: la pobreza alcanzó al 56,2% de la población de Concordia, al 48,6% del Gran Resistencia y al 42,2% de Posadas durante el primer semestre de 2026, indicadores que muestran el deterioro social en distritos gobernados por aliados del oficialismo.

Mientras tanto, el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPA) advirtió que todas las provincias recibieron menos recursos nacionales en términos reales que en 2023. El interrogante que se abre es qué beneficios concretos obtuvieron estos distritos de sus acuerdos con la Casa Rosada, cuando las transferencias no automáticas tampoco lograron compensar la caída de recursos. El discurso de Insfrán pone en evidencia una tensión creciente entre los gobernadores: mientras algunos apuestan al diálogo individual con el Gobierno nacional, otros reclaman una estrategia conjunta para defender el federalismo y los recursos de las provincias frente al ajuste.