El fiscal federal Carlos Stornelli profundizó la investigación contra las empresas que realizan actividades de exploración hidrocarburífera en la zona de las Islas Malvinas sin la autorización correspondiente del Estado argentino. La ampliación de la imputación incorporó a Rockhopper Exploration PLC, sus dos filiales —Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited— y Navitas Petroleum Development and Production Limited, que se suman a Desire Petroleum Limited, ya imputada al inicio de la causa.
El fiscal solicitó además el envío de exhortos internacionales al Reino Unido y a Israel para recabar información detallada sobre la composición societaria de las firmas y verificar si existen vínculos comerciales con intereses británicos. El caso se originó a partir de una denuncia presentada por el canciller Pablo Quirno contra las compañías, las sociedades vinculadas y las personas físicas que hubieran intervenido en su nombre o beneficio. El expediente tramita ante el Juzgado Federal N° 11, a cargo en forma subrogada por el juez Ariel Lijo.
En materia de medidas de prueba, Stornelli busca determinar si las tareas de exploración realizadas sin permiso argentino podrían configurar, además de la presunta violación de la soberanía, delitos ambientales, infracciones aduaneras y lavado de activos. La investigación avanza con el objetivo de delimitar la responsabilidad de cada empresa y establecer el alcance de las operaciones que se llevan adelante en la plataforma continental en disputa.