El modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei exhibe una contradicción central: mientras los conductores pagan cada vez más impuestos sobre los combustibles, esos recursos no se traducen en mantenimiento ni mejora de la red vial nacional. La recaudación vinculada a las naftas se convirtió en una de las que más creció durante la actual gestión, al mismo tiempo que la inversión de Vialidad Nacional sufrió un desplome que deja al descubierto una de las promesas no cumplidas del Gobierno.
El aumento de la carga tributaria modificó de manera drástica la composición del precio en el surtidor. En noviembre de 2023, los impuestos directos representaban el 8,9% del valor de la nafta; en agosto de 2026 esa participación trepó hasta el 20,1%. Actualmente, un litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires ronda los $2.045, de los cuales aproximadamente $411 corresponden exclusivamente a impuestos. En términos reales, el precio del combustible aumentó un 53,4% desde el inicio de la gestión, mientras que la carga impositiva creció muy por encima de la inflación: el impuesto a los combustibles registró un alza del 91% en valores constantes.
El contraste con la inversión pública es aún más marcado. Mientras los ingresos por impuestos a los combustibles se dispararon, el gasto de Vialidad Nacional en mantenimiento de rutas se desplomó un 82,3% en el mismo período. Los fondos que por ley deberían destinarse a la conservación de la red vial son desviados hacia el objetivo de equilibrio fiscal, tal como reconoció el propio vocero presidencial, generando un escenario en el que los usuarios pagan cada vez más por transitar caminos que acumulan años de abandono. En provincias fronterizas, además, el aumento del precio de los combustibles provocó un fuerte derrumbe del consumo, agravando el impacto sobre las economías regionales.