Posadas, Misiones – Un nuevo hecho de violencia extrema conmocionó a la capital provincial y volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la efectividad y la duración de las medidas de protección que dicta la Justicia. Patricia Raquel González, de 54 años, perdió la vida a manos de su pareja, quien posteriormente también se quitó la vida. La investigación que sigue el caso confirmó que la víctima ya había dado la alarma y recurrido a las autoridades hace más de un año, pero las herramientas legales que habían sido dispuestas para cuidarla ya no estaban vigentes al momento del ataque fatal.
Los antecedentes del caso datan de abril de 2025, cuando la mujer radicó una denuncia formal por violencia familiar contra su agresor. Inmediatamente después, el Juzgado de Violencia Familiar N.º 2 intervino y ordenó medidas cautelares: la exclusión del hogar del hombre y una prohibición expresa de acercamiento hacia ella o sus lugares de referencia. Sin embargo, esas disposiciones fueron establecidas por un plazo limitado de treinta días, y según surge de los registros judiciales consultados, ese período ya había caducado mucho antes del crimen. Además, no consta que se hayan presentado nuevas denuncias o pedidos de renovación de la protección tras el vencimiento del plazo original.
Este trágico desenlace expone nuevamente una de las debilidades más críticas del sistema de protección: la caducidad automática de las medidas de seguridad si no se actualizan o prorrogan, lo que deja a las mujeres en situación de vulnerabilidad expuestas nuevamente a sus agresores una vez vencido el tiempo estipulado. El caso de Patricia Raquel González se suma a la lista de hechos que generan interrogantes sobre cómo se monitorea el cumplimiento y la vigencia de estas órdenes, y qué mecanismos existen para advertir y proteger a las víctimas cuando las restricciones llegan a su fin sin que el riesgo haya desaparecido realmente.