Buenos Aires – El Gobierno nacional presentó una reforma integral al régimen de Zona Fría que modificará sustancialmente quiénes acceden a los subsidios para el servicio de gas natural. El objetivo central de la medida, que se debate actualmente en la Cámara de Diputados dentro de un paquete legislativo que incluye también la ley Hojarasca, es lograr un ahorro fiscal de 272.099 millones de pesos. La propuesta oficial consiste en limitar el beneficio exclusivamente a las regiones con climas más severos, lo que implicará excluir del régimen a aproximadamente 1,2 millones de hogares que hoy lo reciben, especialmente en provincias que, según la visión del Ejecutivo, no cumplen con los requisitos de frío extremo, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
El análisis oficial señala que el sistema vigente es financieramente insostenible. En la fundamentación enviada al Congreso se explica que el fondo fiduciario creado para sostener los subsidios —alimentado por un recargo del 7,5% sobre el consumo de gas— resulta claramente insuficiente, obligando al Tesoro Nacional a realizar aportes extras para cubrir la diferencia. La normativa original se creó en el año 2002 con un criterio específico: compensar las asimetrías tarifarias y garantizar el acceso al servicio en las zonas más australes y frías del país, donde el costo y la necesidad de calefacción son mayores. En ese entonces, alcanzaba a unos 950.000 usuarios.
Sin embargo, la expansión del régimen aprobada en 2021, por iniciativa del diputado Máximo Kirchner, cambió radicalmente la dimensión de la asistencia: amplió la cobertura hasta llegar a 4 millones de hogares, es decir, casi la mitad de todos los usuarios residenciales conectados a la red de gas en la Argentina. Para la actual gestión, esa extensión incorporó a localidades y regiones que no presentan condiciones climáticas que justifiquen el beneficio, desnaturalizando su fin original y multiplicando el gasto público de forma desmedida.
Como consecuencia directa de esta redefinición, quienes queden fuera del esquema verán aumentar el valor de sus facturas, al dejar de percibir la rebaja estatal. El Gobierno justifica la medida asegurando que busca concentrar los recursos disponibles únicamente en los usuarios vulnerables que habitan en las zonas más frías y garantizar así que la asistencia llegue a quienes realmente lo necesitan por condiciones geográficas y climáticas, reduciendo al mismo tiempo el déficit fiscal que busca equilibrar la economía nacional.